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DE “INFAME” Y “TRAMPOSA” CALIFICÓ LA AGENCIA NACIONAL  DE TIERRAS LA PROPAGANDA CONTRA LA REFORMA RURAL

La supuesta entrega de 3 millones de hectáreas a las Farc es un engaño para confundir y predisponer a los electores en la votación del plebiscito el próximo domingo 2 de octubre.

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 “No solamente rechazamos esa desinformación sino que resulta inaceptable que se acuda a la propaganda sucia para intimidar a los electores e impedir su libre elección por el SÍ o por el NO en el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre”, Miguel Samper Strouss, director general de la Agencia Nacional de Tierras.

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Como una “infamia” y una “trampa” contra cientos de miles de campesinos en Colombia que no tienen títulos de propiedad de sus predios, y del rescate del desarrollo rural, calificó el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miguel Samper Strouss, los mensajes que se están emitiendo en distintas estaciones de radio, según los cuales el Gobierno entregaría a las Farc unos 3 millones de hectáreas.

 “No solame.nte rechazamos esa desinformación sino que resulta inaceptable que se acuda a la propaganda sucia para intimidar a los electores e impedir su libre elección por el SÍ o el NO en el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre”, afirmó el funcionario

 La tierra, explicó, juega un papel fundamental en la consolidación de la paz en los territorios y no es cierto que se congelarán 10 millones de hectáreas. Muy por el contrario, se trata de la reactivación de miles de predios que por falta de títulos de propiedad están prácticamente inactivos o subutilizados.

 La misión de la Agencia Nacional de Tierras, precisó Samper, es la formalización de predios, privados o públicos, en cabeza del campesino o del empresario que los han trabajado y que nunca han podido legalizarlos. La sostenibilidad de la paz depende del desarrollo rural de Colombia.

 “Es tan perversa y falsa la campaña difamatoria contra la reforma rural integral que se propone, que las cuñas de radio anuncian una expropiación de la tierra a los trabajadores del campo. Que se  arrebatará la propiedad rural a los empresarios honrados. Eso es una absoluta mentira. Una barbaridad”, observó.

 Sobre el Fondo de Tierras, Samper indicó que se nutrirá de la sustracción de terrenos de la reserva forestal y de aquellas que surjan de la recuperación administrativa y judicial, principalmente de predios arrebatados a los criminales.

ACLARACIONES PUNTO POR PUNTO

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En vista de la propaganda emitida por algunos medios de comunicación en la que se invita a votar negativamente el plebiscito del próximo 2 de octubre, argumentando falacias sobre el punto uno del Acuerdo de Paz, en lo referido a la Reforma Rural Integral, la Agencia Nacional de Tierras se permite informar a la opinión pública lo siguiente:

  1. No es cierto que se congelarán 10 millones de hectáreas.

Lo que se busca con el programa de formalización de la propiedad rural es sacarlas del congelador. Cuando un campesino no tiene el título de propiedad de la tierra que trabaja no puede venderla, ni alquilarla. La tiene congelada. La misión de la Agencia Nacional de Tierras, tal y como lo establece el Acuerdo de Paz, es formalizarlas.

  1. No es cierto que se le entregarán 3 millones de hectáreas a las Farc y que se “colectivizará” la propiedad rural. Lo que busca el Acuerdo de Paz es justamente lo contrario: formalizar la tierra en manos de los campesinos que la estén trabajando y reafirmar la propiedad privada en materia de tierras.

  1. No es cierto que se iniciará una suerte de expropiación de la tierra a los trabajadores del campo y que se les arrebatará la propiedad rural a los empresarios honrados. Quienes se quedarán sin tierra serán aquellos quienes la hayan adquirido con dinero del narcotráfico, con la perpetración de crímenes y delitos, o contraviniendo las disposiciones de ley, sean de grupos armados organizados al margen de la ley o no.

  1. La Agencia Nacional de Tierras iniciará el día de hoy las actuaciones judiciales que correspondan para defender el derecho constitucional a la información veraz y responsable a la que tienen derecho todos los colombianos.

 

Bogotá, 28 de septiembre de 2016.

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